Ley Cierre paginas Webs

El Consejo de Ministros aprobó ayer las medidas con las que pretende acabar con la piratería en internet y que prevén que el cierre o bloqueo de una página web que infrinja la legalidad se produzca siempre por orden judicial. Entre las medidas aprobadas figura la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual, que será el órgano que reciba las denuncias de afectados por la piratería. Una vez que esta Comisión compruebe que, en efecto, existe una vulneración de los derechos de autor o propiedad intelectual, solicitará el cierre o bloqueo de la página a un juez de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Aunque el juez tendrá un máximo de cuatro días para tomar una decisión sobre el posible cierre, la Comisión no tiene un plazo concreto para realizar el pertinente trámite administrativo y remitir su denuncia al magistrado.
Según la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde en el diseño de las medidas se ha optado por un sistema mixto en el que la Administración y los jueces «tienen cada uno su papel».
De esta forma, si un titular de derechos de autor o propiedad intelectual considera que una página de internet vulnera sus intereses, presentará una denuncia ante la citada Comisión—dependiente de Cultura—, que analizará cada caso y, si procede, lo remitirá a la Audiencia Nacional, quien escuchará a las partes y dictará una resolución.
Ese proceso, sin embargo, «no elimina ni anula» la posibilidad de que el caso siga su curso por los cauces judiciales normales, lo que incluye la posibilidad de que los responsables de páginas web que sean cerradas o bloqueadas recurran la medida judicial.
Según dijo la ministra los internautas «que hacen un uso legal» de los recursos de la red y de las obras culturales que adquieren (música, vídeos y vídeo-juegos) «no deben tener ninguna preocupación».
Las reacciones en torno a la medida eran ayer divergentes. Así, mientras el director de la Coalición de Creadores, Joan Navarro, se felicitaba por el proyecto de Ley porque, tendrá un efecto «demoledor» sobre la piratería en internet, creadores como Victor Manuel consideraban que el proyecto «llega tarde y a destiempo» y después de haber dejado que el sector se haya «destruido».
«Esto debería haberse hecho hace cinco años, pero lo hacen ahora, después de dejar que el sector esté completamente destruido», añadió.
Mientras tanto, la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE) se declaraba conforme con la decisión del Gobierno ya que «además de las advertencias y las primeras medidas, que serán responsabilidad de una Comisión independiente, la última decisión corresponderá a un juez».
La FAPAE señaló que con esta decisión «España se equipara al resto de países del mundo (a excepción de China, que es el mayor consumidor de películas ilegalmente descargadas), promoviendo un mercado legal y evitando que las empresas organizadas que trafican de forma ilegal con obras ajenas queden impunes».
«FAPAE valora las importantes novedades legislativas que se están produciendo en el panorama audiovisual en los dos últimos días, con la aprobación ayer de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que se enmarcan en la necesidad de ordenar el actual panorama audiovisual», concluyeron.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, consideró que las medidas son «un atajo para sortear un asunto al que la Justicia española está preparada para responder sin la necesidad de una Comisión antipiratería».
A su entender, «esta ley ya da por supuesto que esto es un delito cuando establece una comisión para investigarlo», manifestó Domingo, para quien «el fondo de todo esto es que el Gobierno califica de delito algo que no lo es», concluyó.